Foto feita em outubro de 2017, no contexto da Renca, projeto do Michel Temer que queria retirar 50% do território Wajãpi por Victor Moriyama
Por Andressa Santa Cruz e Bruno Walter Caporrino
Los Wajãpi son un grupo hablantes de lengua Wajãpi, del tronco tupi-guarani que viene evitando los contactos con los no-indios desde el siglo XVII. Así y todo, fueron presionados y contactados de forma definitiva: Las primeras informaciones sobre la existencia de este pueblo fueron trasladadas a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) por los mineros y por la empresa de extracción minera ICOMI. Era 1973, cuando la Funai fué activada para “pacificar” a los nativos y “liberar” de este modo el área para facilitar las obras de la Perimetral Norte, BR-210. Cuando llegaron, los agentes se encontraron con un pueblo devastado por el sarampión, reducido a 150 indivíduos.
Para que se recuperaran de las epidemias, los Wajãpi fueron llevados a los puestos de asistencia de la Funai y los mineros aprovecharon su ausencia en el resto del territorio para expandir sus expediciones: desde el principio el Estado ha venido trabajando para fragilizar las modalidades de ocupación de territorio y sedentarizar a los Wajãpi liberando así la región en favor de una explotación desordenada. En 1976, fueron interrumpidas las obras de la BR-210 después de haber dividido el territorio Wajãpi en dos mitades con 30 kilómetros de carretera, lo que facilitó la circulación de los invasores.
Con la reacción tardía de la Funai frente a las ocupaciones, los líderes Wajãpi se organizaron en grupos pequeños y consiguieron expulsar a todos los invasores entre las décadas de los 80 y los 90, al mismo tiempo siguieron enviando propuestas de demarcación al Gobierno Federal.
Después de 16 años empeñados en demarcar la Tierra Indígena por sí solos, con el apoyo del GIZ y del Programa Wajãpi, consiguieron la homologación de la Tierra Indígena Wajãpi, convirtiéndose así en el primer pueblo originario de Brasil en hacer una autodemarcación del territorio, oficializado en 1996.
Fotos feitas em outubro de 2017, no contexto da Renca, projeto do Michel Temer que queria retirar 50% do território Wajãpi por Victor Moriyama
Fotos feitas em outubro de 2017, no contexto da Renca, projeto do Michel Temer que queria retirar 50% do território Wajãpi por Victor Moriyama
Como prevención ante el riesgo de nuevas invasiones, incluso con la demarcación reglamentada, en 1997 fué creado, en el marco del Programa Wajãpi, el Programa de Vigilancia y Fiscalización del T.I. Wajãpi que funciona hasta día de hoy.
Estas expediciones regulares descentralizaron a la población que vivía aún en los alrededores de los puestos de asistencia de la Funai y permitieron la creación de nuevas aldeas en puntos estratégicos. Ocupando los límites de Tierra Indígena los Wajãpi hacen vigilancia al tiempo que cuidan de la reducida porción de sus territorios que los blancos les dejaron.
De este modo, ellos vienen desde siempre fortaleciendo su organización social al tiempo que garantizan el control de sus tierras. En el mismo año que los Wajãpi demarcaron su territorio, el ex-senador de Roraima Romero Jucá propuso el proyecto de Lei n.º 1610 en pro de la “explotación y aprovechamiento de recursos minerales en tierras indígenas”. Años antes, Juá fué presidente de la Funai e integrante del Consejo Superior de Minas del Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM).
Integrante del palco de los ruralistas en el Senado durante 24 años, en la actualidad Jucá está siendo investigado por la Procuradoría General de la República por ser sospechoso de beneficiar a la mayor empresa minera del Brasil, Vale S/A, conocida por los crímenes de Mariana y Brumadinho. En 2012 la hija de Jucá que es socia de Boa Vista Mineraçao solicitó autorización para extraer oro en tierras indígenas, en el mismo año que la PL 1610/96 ideada por su padre volvía a ser propuesta en el Congreso Nacional.
Una vez más los Wajãpi lo advirtieron y se organizaron: proponiendo una reunión en el Ministerio Público Federal con la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM), el ICMBio, la Funai y la Secretaría de Medio Ambiente de Amapá, en donde lanzaron una carta firmada por las tres asociaciones Wajãpi (Apina, Awatac y Apiwata) afirmando que “hay un consenso total entre todos los Wajãpi respecto a que no haya actividad minera en sus tierras ni entorno a estas”, exigiendo la anulación de todas las solicitaciones mineras en relación a su territorio. En esa época, otras organizaciones respaldaron la demanda de los Wajãpi y se unieron a ellos en una Acción Civil Pública por la anulación de todos los requerimientos que afectaban en las tierras indígenas de Amapá y del norte de Pará. Esta acción civil pública fué juzgada procedente por la Justicia Federal y el DNPM fué obligado a anular los registros: los Wajãpi mostraron la fuerza de su organización y su ejemplar ciudadanía respecto a la preservación de la selva que, según la Constitución Federal, en el Artículo 225, es un bien de todos.
La Ley Mayor determina aún siendo deber de todos, ciudadanos y poder público, velar por un medio ambiente equilibrado y saludable, cosa que los Wajãpi vienen haciendo desde siempre.
Foto feita em outubro de 2017, no contexto da Renca, projeto do Michel Temer que queria retirar 50% do território Wajãpi por Victor Moriyama
Los Wajãpi fueron también el primer pueblo indígena de América Latina que elaboró su propio Protocolo de Consulta y Consentimiento: “nosotros decidimos hacer este documento porque muchas veces el gobierno quiere hacer cosas para los Wajãpi, pero no nos consulta sobre lo que necesitamos o queremos”, afirma el párrafo de apertura del documento que fué publicado en 2014 y que está amparado por la Convención 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ley en Brasil desde 2004 (Decreto Presidencial n.º 5051). Pero a pesar de ser pioneros y de las anticipaciones a los ataque legitimados por el Estado, en 2017 el entonces presidente Michel Temer (MDB) intentó suprimir la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca) creada en 1984 para salvaguardar la soberanía nacional, en el momento en que la región ya albergaba recursos mineros estratégicos para la industria bélica brasileña.
En agradecimiento al palco de los ruralistas por la absolución de las denuncias de corrupción, Temer envió a su Ministro de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, a Canadá para anunciar la subasta de Renca a empresas privadas de minería tres meses antes de comunicárselo a la nación brasileña y a los propios indígenas que viven en la región, entre otros los Wajãpi. Gracias a presiones en las redes sociales y a la mobilización internacional, la supresión anunciada en el Diario Oficial fué truncada.
A pesar de la reincidencia de ataques y las envestidas del gobierno y frentes económicos, la invasión ostentosa y violenta a Tierra Indígena Wajãpi relatada por los nativos en julio de 2019 fué la más violenta de los 30 años de demarcación indígena en Amapá.
Foto feita em outubro de 2017, no contexto da Renca, projeto do Michel Temer que queria retirar 50% do território Wajãpi por Victor Moriyama
Desde que el nuevo gobierno asumió poderes, aumentó en 150% el resgistro de invasiones en territorios indígenas, principalmente en la Amazonía.
Según la propia Organización de Naciones Unidas, que acompaña el caso, las declaraciones del presidente de la República, Jair Messias Bolsonaro, estimulan este aumento en las invasiones y la violencia, lo que puede y debe ser llevado en su contra en un necesario proceso para responsabilizar al Estado por el genocidio que tales medidas revelan contra los pueblos indígenas.
Para el antropólogo Bruno Walter Caporrino quien también fué testimonio de algunas invasiones durante el periodo en que fué asesor del Programa Wajãpi (2009-16) “los órganos públicos responsables de proteger los derechos indígenas deberían apoyar a los Wajãpi , pero siguen negando las invasiones y de este modo faltan el respeto a su propia función institucional que es garantizar los procesos legales”.
Él se refiere a las invasiones de julio de 2019 en la misma semana en que le cacique Emyra Wajãpi fué encontrado muerto a cuchilladas. A pesar del historial de ataques, los relatos de los líderes y el asesinato de un anciano, la investigación de la Policía Federal no apunta a la invasión de Tierra Indígena Wajãpi.
El Consejo de Aldeas Wajãpi (Apina), institución de representación y deliberación legítima de los Wajãpi lanzó notas oficiales donde se recalcaron que tuvieron un amplio debate antes dar la alarma a las fuerzas de seguridad y que sólo lo hicieron después de constatar la muerte del lider Emyra Wajãpi.
El Apina afirma en una nota de prensa que a pesar del empeño en llevar a los agentes de la policia federal hasta los lugares donde había pruebas, éstos se negaron a avanzar al mismo tiempo que, sin hacer ninguna verficación, alegaron publicamente, sin pruebas (porque no generaron prueba alguna) que no hubo invasión. Según Caporrino, “ al tiempo en que la Policía Federal y la Funai se niegan a ir al lugar a recoger pruebas, alegan tener pruebas de que no hubo invasión ninguna lo que revela un preocupante grado de agresión a los derecho humanos, al procedimiento legal y un alineamiento de las fuerzas de seguridad a las propuestas del presidente de “liberar” las tierras indígenas a cualquier precio: le duela a quien le duela”.
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Referencia bibliográfica:
Gallois, Dominique Tilkin
Terra Indígena Wajãpi : da demarcação às experiências de
gestão territorial / Dominique Tilkin Gallois. — São Paulo : Iepé, 2011. —
(Colección ensayos ; 1)