Por Tainá Aragão para Mídia NINJA
Traducción al español: Juan Manuel Rendón

STF realiza julgamento sobre habeas corpus de Lula (Crédito: AFP)

“No hay una decisión correcta o equivocada”. De forma ambigua, Dias Tofolli, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), comienza su discurso en la sesión por el hábeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Detrás de ese discurso, hay una decisión judicial que legitima los intereses de la clase media-alta brasileña. Es la última oportunidad en el ritual golpista para impedir la candidatura de Lula a las elecciones de 2018. El pueblo brasileño esperaba esa decisión, en la medida en que las sentencias en Brasil son sumamente parciales, por medio de una Justicia ligada a intereses político-partidarios.

Lula fue condenado hace 12 años y 1 mes por corrupción y lavado de dinero en el caso del tríplex en Guarujá (San Pablo), relacionado con la investigación del Lava Jato. El rechazo de la medida, que impide la prisión del ex presidente, dispone la ejecución inmediata de la pena en un plazo máximo de una semana y media. La defensa de Lula ya expresó su voluntad de presentar un segundo recurso al TRF-4 (Tribunal Regional Federal) y tiene hasta el día 10 de abril para hacer los trámites. Pero ese recurso no asegura una revocación de la pena, ya que el responsable de evaluarlo es Sérgio Moro, quien justamente condenó a Lula en primera y segunda instancia.

A pesar de los argumentos presentados por el abogado Roberto Batochio, de inviabilidad constitucional de la negación del pedido de hábeas corpus, que prevé la ejecución de la pena sólo después de agotadas todas las instancias judiciales, el Supremo Tribunal Federal rechazó el pedido con 6 de los 11 votos de los jueces. Los jueces Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio y Celso de Mello votaron a favor del hábeas corpus, y los jueces Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux rechazaron el pedido. Así, el voto decisivo para desempatar fue el de la presidenta del STF, Cármen Lúcia.

Los jueces Celso de Mello, Lewandowski y Aurélio fueron quienes hicieron un énfasis mayor en la constitucionalidad del hábeas corpus, que garantizaría a Lula permanecer en libertad durante el juicio, hasta una decisión definitiva del STF. Lewandowski defendió el hábeas corpus de Lula por presunción de inocencia y derecho a la libertad, e hizo hincapié en que el rechazo era un retroceso internacional irreparable. “La prisión es siempre la excepción, y la libertad, una regla”.

Un voto inesperado a favor fue el de Gilmar Mendes, quien cuestionó la infame cobertura de los medios tradicionales. Especialmente del Grupo Globo frente al escenario político nacional, que utiliza constantemente un discurso de odio para construir su narrativa. Con el mismo argumento, criticó la postura del PT y de sus principales líderes, que actúan de una forma que calificó como “violenta”.

Los defensores del hábeas corpus se justificaron mediante el art. 5º, LVII, de la Constitución Federal, que dice que “nadie será considerado culpable hasta que la sentencia penal condenatoria sea definitiva”. Dicho mecanismo contempla el principio de presunción de inocencia ‒o sea, es lo que garantiza la inocencia del acusado hasta que se agoten todos los recursos en los tribunales superiores.

Para el juez Celso de Mello, “nada restablece la ruptura del orden constitucional”. Su argumentación comenzó con un repudio a la declaración del general Villas Bôas en Twitter. Mello también mencionó que el ex presidente está sufriendo una persecución estatal para incriminarlo, y resaltó que “la indignación de la sociedad civil ante la falta de ética del poder y del derecho es justa y profunda”.

Marco Aurélio, quien también votó a favor del hábeas corpus, mencionó dos recursos de inconstitucionalidad de la sentencia, y dijo que los fallos no tocaban el fondo de la cuestión. “Mi mayor deber no es atender a la mayoría indignada, sino hacer valer la ley suprema, la Constitución”.

Por otra parte, lo que quedó de manifiesto en el discurso de los jueces que fallaron contra el hábeas corpus fue la histórica impunidad de la justicia. Para ellos, la impunidad genera una sensación de “hacer justicia por mano propia” de parte de la población, y una desconfianza en el sistema judicial brasileño. Con argumentos contradictorios, basados en la experiencia empírica, el juez Roberto Barroso dijo que, en el 99 % de los casos que fueron a una segunda instancia, la decisión de primera instancia se mantuvo.

Alexandre de Moraes ‒juez propuesto por Michel Temer después del juicio político a Dilma Rousseff‒ desconoció la ilegalidad o el abuso de poder para conceder el hábeas corpus a Lula. Según él, “el juicio de culpabilidad del acusado fue avalado en doble instancia”, lo que ya garantiza la legitimidad de la sentencia sin necesidad de más análisis. El abogado del ex presidente, Roberto Batochio, refutó al juez argumentando la falta de abordaje de la presunción de inocencia.

El voto de la jueza Rosa Weber ‒el quinto y, también, el más esperado de la sesión, porque no estaba definido‒ chocó con las expectativas del pueblo. Si bien dijo que deberían analizarse todos los recursos de rectificación, su voto estuvo en sintonía con los anteriores. “Hay voces individuales que van cediendo en detrimento de voces institucionales”. Una postura contradictoria, ya que su voto era crucial para evitar un empate, y decisivo respecto de la aprobación del fallo para que Lula continúe en libertad.

Como era de esperarse, el juez Edson Fachin consideró que no existen motivos para dar lugar al hábeas corpus de Lula. Para él, el acusado no es víctima de abuso de poder, ni tampoco hay un atentado contra los derechos humanos. “No hay justificación para reconocer la ilegalidad mencionada”, argumentó el juez en la sesión.

Por último, fue el turno de la jueza Cármen Lúcia, quien ya había declarado con anterioridad que votaría en contra del hábeas corpus, argumentando principalmente que mantendría su postura de juzgar los crímenes de corrupción llevados al STF desde 2009.

En un escenario democrático débil, con las recientes declaraciones del general Villas Bôas, interventor militar de Río de Janeiro, y una posible revuelta popular de la izquierda, el escenario político brasileño se torna aún más inestable y se acerca, de manera peligrosa, a 1964.