Marcos Maia, de la Cobertura Colaborativa NINJA en la COP30

El día 13 de noviembre, el Tribunal de los Pueblos contra el Ecogenocidio, realizado en el Ministerio Público Federal de Belem (PA) durante la COP30, recibió una serie de denuncias divididas en tres ejes temáticos: Falsas Soluciones Climáticas, Grandes Proyectos Empresariales y Violaciones en el Campo.

Las acciones fueron juzgadas por activistas de los derechos humanos, representantes de movimientos sociales y comunidades tradicionales e indígenas. Dentro de los casos presentados se encuentra una grave violación a los derechos de agricultores familiares y los pueblos tradicionales del estado de Maranhão, nominado como “Guerra química: Fumigación aérea con agrotóxicos en Buriti”

Los testimonios – que no pueden ser identificados por motivos de seguridad – relataron al jurado, que estaban rodeados por grandes cultivos de soja y que fueron víctimas de violencia en el campo al sufrir el impacto de estrategias de desterritorialización y borrado cultural a partir de la práctica de fumigación con agrotóxicos que contaminan el agua, las plantaciones y agravan la salud. Afirman que el lugar en el que viven hoy se ha transformado en un lugar inhóspito.

Según los denunciantes, en las comunidades de Carrancas y Araçá, en el municipio de Buriti (MA), agrotóxicos fueron utilizados como estrategia para expulsar a las familias de sus tierras, con el propósito de invadir y dominar territorios. La defensa expuso al jurado la amenaza al derecho de vida, a la alimentación digna, los maltratos psicológicos, los daños irreparables al medio ambiente, la contaminación de las fuentes de agua y el compromiso de la biodiversidad y de los recursos naturales de las comunidades.

Destacaron que cerca de 20 mil familias ya fueron afectadas y resaltaron que, por prácticas criminales como esa, el estado también lidera el ranking brasileño de conflictos agrarios, con base en los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), entre 2014 y 2024. Principalmente, de 2023 a 2024 hubo un salto del 100% del número de casos de violencia rural, teniendo en consideración apenas las denuncias registradas. 

Justicia en el tribunal

Foto: Marcos Maia

El cacique Ramon Tupinambá, que conformó el jurado, destacó que, en el tribunal, la escucha es afectiva y calificada, principalmente, por la sensibilidad y sentido de justicia. Y que ciertamente, el jurado defendería el castigo de los culpables.

“Espero que el Estado sea sentenciado. Y además de él, es preciso dar nombre a las empresas. Los culpables tienen que ser responsabilizados”. Y realza, que los habitantes de estas comunidades tendrían también que ser indemnizados. “Claro que la vida no vuelve más, pero es pensar estructuralmente como podemos salvaguardar esas vidas dentro de todo el proceso que está en diálogo aquí”.

Sentencia conjunta

Dado que la sentencia final es dictada en base a las similitudes entre los casos, en el día 14, en una iniciativa de nivelación, el tribunal se decidió por el castigo de todos los acusados por activistas y comunidades tradicionales e indígenas que dieron testimonio de sus vivencias de lucha y enfrentamiento a las violaciones sistemáticas contra los pueblos y comunidades tradicionales.

Además de los testimonios, el tribunal se basó en pruebas documentales y testimonios, exigiendo reparaciones efectivas, bajo el acompañamiento de miembros del Ministerio Público Federal. La sentencia revela que los proyectos o políticas que afectaron – y todavía afectan- directamente a quilombolas, indígenas y otras comunidades tradicionales, sin consulta adecuada, deben ser anulados. También exige la inmediata demarcación de las tierras indígenas y una reforma agraria amplia, además de la revocación del decreto federal 12.600/2025. A propósito, este decreto instituyó el Plan Nacional de Hidrovías, teniendo a los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins, como prioritarios para la navegación de cargas. Indígenas del pueblo Munduruku denuncian que el decreto abre la brecha para nuevos dragados y al derribo de piedras sagradas.

Además de instancias gubernamentales de Brasil y otros países, fueron condenadas más de 800 empresas involucradas en procesos de violaciones ambientales y sociales, como ADM, Cargill, JBS, Enel y Norte Energía, junto con grandes bancos nacionales e internacionales que las financian, como BNDES y el Banco Mundial.

El Tribunal de los Pueblos no solo juzga y sentencia, sino que también remite procesos y denuncias a otras instancias de justicia, nacionales e internacionales, demostrando la fuerza del colectivo.