por María Cecilia Chacón

La pérdida de bosques tropicales está alcanzando nuevos niveles récord cada año. Tan solo en 2024, se perdieron 6,7 millones de hectáreas, el equivalente a 18 campos de fútbol por minuto, según Global Forest Watch.

Brasil y Bolivia se encuentran en los primeros lugares por la destrucción del bosque Amazónico, cuyo sistema de vida mueve más del 15 por ciento del agua dulce del planeta; pero la falta de acciones contundentes de nuestros gobiernos, y esto ha quedado en evidencia en Belém, está provocando que la Amazonía se acerque al punto de no retorno, es decir que al colapso de la capa de hielo polar o la extinción de los arrecifes de coral, se suma el colapso de los bosques.

Los ecosistemas forestales son esenciales para la conservación de la biodiversidad, la regeneración del agua, y el mantenimiento del equilibrio atmosférico, además de hogar de millones de indígenas, que parecen condenados a seguir el mismo destino si la deforestación continúa creciendo como hasta ahora.

Las iniciativas de comunidades locales y pueblos indígenas que salvaguardan los bosques no son suficientes por sí solas y se requiere el acompañamiento estatal sobre 

todo para enfrentar las economías ilegales que operan con grupos armados en sus territorios y para el cumplimiento de las políticas nacionales de protección.

Una investigación reciente demuestra que las políticas públicas pueden tener un impacto significativo en la disminución de pérdida de los bosques si son rigurosamente implementadas; pero resulta que cuando los Estados asumen medidas más estrictas los inversores privados los demandan bajo tratados o cláusulas de protección de inversiones, completamente injustos y desfasados de la realidad. Algo que ha sido resaltado por el informe en la Hoja de Ruta de Bakú a Belén; así como la meta de 1.3 billones de dólares anuales para el 2035; sin embargo a pesar de los compromisos internacionales, el apoyo financiero para las acciones de conservación, sigue siendo insuficiente y en la COP 30 las máximas autoridades nacionales no dan señales claras de voluntad política.

Brasil ha estado trabajando en el Mecanismo Tropical Forest Forever Facility (TFFF) como un nuevo instrumento para abordar el financiamiento para la conservación de los bosques y lo está lanzando en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 30). En términos simples, TFFF es un mecanismo financiero diseñado para pagar anualmente a los países con bosques tropicales por su conservación, mediante la creación del Fondo de Inversión en Bosques Tropicales (TFIF).El mecanismo dependerá de patrocinadores públicos y privados para crear un fondo semilla de 25.000 millones de dólares y hasta hoy Brasil ha conseguido 5.000 millones.

Los defensores argumentan que la TFFF es una iniciativa positiva del Sur Global para abordar la deforestación con un enfoque en los resultados nacionales (Greenpeace, 2025); pero voces críticas como la de la Global Forest Coalition (2025) sostienen que TFFF es un producto del “capitalismo verde” y cuestionan de fondo la valoracion de las funciones ambientales. Mas de 150 organizaciones han expresado su rechazo al TFFF. 


Adicionalmente hay que destacar que el fondo rompe con la lógica de los Artículos 4.3 y 4.4 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ya que no exige que los países desarrollados proporcionen financiamiento, tecnología y apoyo para la mitigación y adaptación en las naciones en desarrollo. Sin embargo, los países desarrollados participantes, sí recibirán ganancias del dinero invertido en el fondo semilla.

Otro aspecto preocupante es que TFFF corre el riesgo de castigar a comunidades locales 

vulnerables y gobiernos más débiles en lugar de a los poderosos agentes de la deforestación. La proporción de penalización propuesta (1 hectárea perdida = multa equivalente a 100 hectáreas) podría afectar de manera desproporcionada a los países pobres sin abordar las causas estructurales de la deforestación.

El colapso de la Amazonía no será consecuencia del azar, sino de decisiones políticas y económicas tomadas a plena conciencia. Sin una transformación profunda en la forma en que se conciben y financian las políticas de conservación, los nuevos mecanismos como el TFFF solo maquillarán un modelo que sigue subordinando la naturaleza al mercado. La selva no necesita más bonos ni promesas, sino voluntad política, justicia climática y respeto efectivo a quienes la defienden día a día.