Entrega de demanda para apagar los mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Provincia de Sucumbíos. 18 de febrero de 2020. Crédito: Antonella Tello / Acción Ecológica
Frente a los compromisos de los Estados Parte anunciados en el marco de la COP 26, basados en falsas soluciones al cambio climático, y con el objetivo de interpelar la coherencia entre lo proclamado por los líderes mundiales como el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, es necesario establecer una reflexión sobre la dirección que ha tomado la agenda económica y extractiva en sus primeros 6 meses de mandato.
El pasado 2 de noviembre el presidente de Ecuador, se dirigió a los líderes mundiales haciendo un llamado a impulsar “la transición ecológica” y a encaminar junto a sus homólogos “una verdadera justicia climática y ambiental”.
Este tipo de ángulo discursivo del Presidente Lasso no es nuevo. Es más, en el proceso electoral -asesorado por conocidos comunicólogos políticos como Duran Barba-, firmó varios acuerdos con colectivos ambientalistas donde se comprometió a ejercer una política ambientalmente responsable y ha no desarrollar la gran minería en zonas que son ambiental y socialmente sensibles, como la Amazonía ecuatoriana.
Sin embargo, en sus primeros cien días en contradicción a lo que ha planteado por el Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático y la Agencia Internacional de Energía, sobre la necesidad urgente de abandonar la producción de combustibles fósiles para detener el crisis climática, en especialmente en la región Amazónica; Lasso anunció que duplicará la producción nacional de petróleo a 1 millón de barriles diarios y, posicionará al país como un atractivo minero.
Para lograrlo, emitió dos decretos ejecutivos (No. 95 y 151), que buscan ampliar la frontera extractiva a través de la generación de incentivos para la inversión extranjera basados en la flexibilización de normas socio ambientales y asumiendo los derechos como la consulta y participación como meros “trámites administrativos” habilitantes para la aprobación de licencias ambientales express. Sí Lasso procuraría una verdadera transición ecológica buscaría mejorar los procesos institucionales y reforzar la fiscalización de las empresas responsables de desastres socioambientales. Todo lo contrario, con estos decretos está promoviendo un proceso agresivo de privatización acelerada, debilitamiento los mecanismos de control y socavando el patrimonio nacional en beneficio de los capitales transnacionales.
Adicionalmente, obstruyen el trabajo de defensores de derechos humanos, colectivos y la naturaleza, e incumple con los compromisos del Estado de generar mecanismos de protección para defensores ambientales conforme a las obligaciones adquiridas con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú.
Un ejemplo sustancial, es el caso del derrame petrolero del 7 de abril de 2020, donde se vertieron más 15,800 barriles en la riberas de los ríos Coca y Napo en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Este derrame afectó a más de 27.000 kichwas, dejándolos en plena pandemia sin alimento, acceso al agua, contaminando sus territorios y sin generar procesos de remediación y reparación oportunos. No obstante, la justicia denegó las demandas de acción de protección y medidas cautelares mediante tecnicismos mal fundamentados. A su vez, la justicia ordinaria desde la fiscalía se encuentra criminalizando a las abogadas defensoras de las y los afectados. Ante este evento, el gobierno solamente ha negado su participación y procura apoyar a las empresas para perpetuar su negligencia.
En cuanto a la contaminación por la quema de gas que se desprende de la explotación petrolera; existe una sentencia favorable para 9 niñas que demandaron al Estado, por el impacto a la salud de la población que vive alrededor de 443 mecheros, sin embargo, pese a que la sentencia ya se dictó en enero de 2021, hasta la fecha no se han tomado acciones para eliminar los mecheros y tampoco, se han implementado mecanismos de reutilización del gas. Más aún considerando que, el único compromiso real que tiene el país en su Contribución Nacional Determina frente al Acuerdo de París, es la implementación de un plan de eficiencia energética que se compromete a reducir las emisiones de carbono, a través de la construcción de infraestructura que permita lograr el envasamiento y/o transportación de para la reutilización del gas de la industria petrolera. No obstante, se planifica duplicar la producción petrolera sin garantizar siquiera lo comprometido.
En conclusión, las declaraciones del presidente Lasso solamente demuestran que está alineado con un capitalismo verde, cuyas verdaderas intenciones son beneficiar el interés de las transnacionales, más no resolver las causas estructurales y los impactos que genera el Cambio Climático en Ecuador y el mundo.