por Angel Duarte

Los días 13 y 14, el Ministerio Público Federal (MPD) organizó el Tribunal de los Pueblos contra el Ecogenocidio, realizado durante la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Con la presentación de casos en un juicio simbólico, reunió principalmente, denuncias contra la iniciativa privada y el poder poder público por grandes proyectos de desarrollo que desconsideran la presencia de quien vive en los territorios impactados, lo que culminó con el envío de denuncias a las instancias jurídicas.

Las presentaciones tuvieron lugar el día 13, momento en el que fueron expuestos casos de gran gravedad en Brasil, pero también, en otros países. Fue así como activistas de Bangladesh expusieron una iniciativa del gobierno de Bangladesh, el Proyecto Bosques y Medios de Subsistencia Sustentables (SUFAL), implementada en 28 distritos, a partir del financiamiento del Banco Mundial.

Por lo tanto, solicitaron que tanto el banco como el gobierno sean responsabilizados por los daños causados al territorio.

Los autores de la denuncia relataron que el proceso fue ejecutado sin la realización de una consulta libre, previa e informada a las poblaciones locales y sin tratar las causas estructurales de la deforestación, contrariando los principios internacionales y la propia Constitución de ese país.  

Durante el juicio, un líder de la comunidad bengali – que no puede ser identificada por cuestiones de seguridad – señaló diversos daños causados a las comunidades, dentro de ellas: expulsiones forzadas, pérdida de territorios ancestrales, endeudamiento y persecución judicial, además de impactos directos sobre la seguridad alimentaria y las prácticas culturales.

“Nosotros, los pueblos indígenas, somos los verdaderos dueños de estos bosques. Tenemos conocimiento tradicional de estos territorios, pero somos ignorados”, declaró el activista autoexiliado.

Dentro de las denuncias está el desalojo de familias de sus territorios, con la justificación de promover el ecoturismo en esa región, además de sustituir especies nativas de plantas por extranjeras. La líder citó que cerca de 10 mil personas fueron directamente afectadas.

El Tribunal

La regidora quilombola de Salvador (BA), Eliete Paraguassu (PSOL) formó parte del jurado. Ella destacó la importancia de la iniciativa popular. “Es un momento histórico, un gesto de sabiduría promover este tribunal, pero también traer al pueblo del bosque, de las aguas y de la tierra para este espacio, que no es una suposición, es la vivencia, es la realidad”.

El Tribunal está compuesto de 21 casos de ecogenocidio, divididos en tres ejes: Falsas soluciones Climáticas, Grandes Proyectos Empresariales, Violencia en el Campo. La iniciativa tiene como objetivo dar visibilidad a las denuncias de injusticia y las amenazas sufridas por las comunidades tradicionales, de modo que se celebre un juicio a través de los jurados, llevado a cabo por activistas de causas ambientales, dentro de ellos indígenas, quilombolas y pueblos tradicionales.

Ivamar dos Santos, activista del movimiento negro, destacó la importancia de estos eventos paralelos a la COP. “Las grandes decisiones acaban siendo tomadas por quien tiene acceso a la Green Zone y a la Blue Zone, pero es aquí afuera que el pueblo habla, que muestra donde nuestros derechos están siendo negados”

Sentencias

Tras la presentación de todos los 21 casos, fue dictada la sentencia.

Teniendo en cuenta la similitud, la decisión responsabiliza al Estado brasileño, junto a otros países, por promover violaciones continuas a los derechos de la comunidad, incluyendo la apropiación de la naturaleza y la priorización de los intereses privados en detrimento de los derechos colectivos y territoriales.

Como medidas reparadoras, establece el reconocimiento de los derechos sobre el territorio, la garantía de la consulta previa, libre e informada, la observación de los protocolos comunitarios y el derecho de veto, además de la revocación de proyectos o políticas que impacten directamente a la comunidad sin la debida consulta. Exigen también la inmediata regularización y demarcación de las tierras indígenas.

La sentencia fue presentada al final del Tribunal por un consejo compuesto por líderes indígenas, quilombolas, investigadores, jueces y defensores de los territorios. Además de los Estados, más de 800 empresas fueron responsabilizadas por daños socioambientales, entre ellas ADM, Cargill, JBS, Enel y Norte Energía; así como instituciones financieras nacionales e internacionales que las financian, como el BNDES y el Banco Mundial.